La Procuraduría indicó que se trabaja con la Fiscalía General para adelantar múltiples inspecciones a los procesos penales y disciplinarios en curso, con el fin de recaudar la mayor cantidad de elementos materiales probatorios posibles.

Este jueves, 16 de febrero, la Procuraduría General de la Nación anunció que pudo reunir las pruebas y testimonios en indagación previa sobre la operación militar adelantada por el Ejército en Puerto Leguízamo, Putumayo, en la vereda El Alto Remanso, el 28 de marzo de 2022, donde perdieron la vida 11 personas. Operación en la que «podría verse comprometida la responsabilidad de seis altos oficiales de las Fuerzas Militares».

Adicionalmente, la Procuraduría indicó que se trabaja con la Fiscalía General para adelantar múltiples inspecciones a los procesos penales y disciplinarios en curso, con el fin de recaudar la mayor cantidad de elementos materiales probatorios posibles.

«De ahora en adelante será esta sala disciplinaria la que ordenará el recaudo de nuevas evidencias y definirá futuras acciones dentro del proceso, garantizando los derechos a la defensa y al debido proceso de víctimas e investigados», señala un comunicado de la Procuraduría.

En marzo del año pasado, la Red de Derechos Humanos del Putumayo denunció que entre las once personas que el Ejército presentó como disidentes de las Farc había un menor de 16 años, un líder comunal y un gobernador indígena.

Se informó en su momento que se trataba de Brayan Santiago Pama, de 16 años; de Didier Hernández Rojas, presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda (aldea) Remanso, y su esposa, Ana María Sarria Barrera, y de Pablo Panduro Coquinche, gobernador indígena del Cabildo Kichwa.

Tras la controversia, el Ministerio de Defensa, en cabeza de Diego Molano, aseguró que la operación iba en contra de Carlos Emilio Loaiza Quiñónez, alias ‘Bruno’, y otro comandante conocido como ‘Managua’. Según las autoridades los dos eran jefes del frente 48 conocido, también como Comandos de la Frontera.

El 11 de abril de 2022, el entonces comandante del Ejército, el general Eduardo Zapateiro, se pronunció por medio de su cuenta de Twitter: “Es una acción legítima (…) se caracterizó el objetivo teniendo en cuenta el derecho internacional humanitario (…) no hemos confrontado a ningunas personas civiles, el actuar de la fuerza es contra quienes pongan en riesgo la seguridad de los colombianos”.

Según informe de la Fiscalía, en el operativo participaron diez militares entre quienes se cuenta un francotirador y cuarenta militares más en la vía fluvial, integrantes de la Fuerza Aérea y la Armada. El comandante de la División de Aviación de Asalto Aéreo del Ejército, General Juan Carlos Correa, insistió en que la operación había comenzado diez días antes, en medio de fuertes combates y aseguró que el procedimiento estuvo enmarcado dentro de los protocolos del Derecho Internacional Humanitario-DIH, desde lo jurídico y doctrinario.

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